A VUELTAS CON LA
EUTANASIA Y SUICIDIO ASISTIDO
A raíz de la admisión a trámite de sendas propuestas con la
finalidad de despenalizar y regular la eutanasia, una a propuesta del
Parlamento de Cataluña y otra del PSOE, a debatir esta última el 25 de este mes
y que tiene la posibilidad de salir aprobada, se ha generado un intenso debate
en los medios de comunicación con opiniones en contra de proceder en tal
sentido.
Por tal motivo, creo que es necesario recordar y señalar lo
siguiente:
1. La población española parece estar a
favor de la eutanasia: las encuestas del Centro de Investigaciones Sociológicas
(CIS), ya en 1992, revelaba que un 78% de ciudadanos y ciudadanas estaban a
favor de cuidados paliativos y un 66% se mostraba de acuerdo con que la ley permitiera
a los médicos poner fin a la vida de un enfermo terminal que lo solicitase. Un
49% afirmaba estar de acuerdo con que esta decisión la pudiera tomar un
familiar. Encuestas posteriores de la misma entidad, año 95, 2008 y 2009, un
62% se mantenían a favor del suicidio asistido, 7 de cada 10 se mostraban de
acuerdo con la eutanasia respectivamente y el 73,6% a favor de la regulación
respectivamente, de los cuales un 60% eran votantes del PP y un 90% de IU o
PSOE. La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU, 2000) ponía en evidencia
que 3 de cada 4 españolas y españoles estaban de acuerdo con la eutanasia.
2. Los y las profesionales de la
medicina también están a favor de su regularización: el CIS de 2002 encontraba
que un 41,5% opinaban que había que cambiar la ley a favor de la eutanasia y el
suicidio asistido para enfermos terminales que lo soliciten, e incluso un 18,4%
lo haría extensivo a no terminales con grandes sufrimientos físicos o
psíquicos. En esta encuesta se afirma que el 80% de los médicos jamás ha
recibido petición de eutanasia, y el 91,9 nunca ha recibido petición de ayuda
al suicidio. Estas cifras son diferentes a las reflejadas por la OCU en el
2000: entre un 65% de médicos y 85% de enfermeras reconocían haber recibido
petición de eutanasia o suicidio asistido; también, que un 21% de los médicos
dice haber participado en su práctica.
3. Instituciones de Cataluña (no tiene
ley de muerte digna) como el Observatorio de Bioética y Derecho (2003), el
Instituto Borja de Bioética (2005) y el Consejo Consultivo de Bioética (2006),
se han manifestado en el sentido de legalizar estas cuestiones.
4. El conocimiento de la
legalización de estas prácticas en Bélgica, Holanda, Luxemburgo, Suiza, EE.UU.,
Colombia y Australia, y los resultados, consecuencia de la evaluación
efectuada, han aportado elementos
importantes para el debate y han contribuido a desmentir argumentos en contra
como el de la “pendiente deslizante”, merced a la cual, estas prácticas se aplicarían
a personas vulnerables
Tanto el Partido Popular (PP),
Ciudadanos, como la Organización Médica Colegial (OMC) y la Sociedad Española
de Cuidados Paliativos (SECPAL), hacen énfasis en la existencia de unos buenos
Cuidados Paliativos (CP) para que lleguen a toda la población que lo requiera ( entre
70.000 y 100.000 personas que los necesitan no los reciben) e incluso proponen
la elaboración de una Ley Orgánica que los ratifique y aglutine las llamadas
“leyes de muerte digna” elaboradas por las distintas CC.AA.
Para el PP el problema simplemente no
existe, lo que demuestra ignorancia de la realidad de las encuestas mencionadas
más arriba y de los diferentes casos aparecidos en los medios de comunicación
de aquellas personas que no querían seguir viviendo en determinadas
condiciones. Ante la propuesta del PSOE registra una enmienda a la totalidad
que es un corta y pega de una Ley de Derechos y Garantías de las Personas en el
Proceso de Morir que la Asamblea de la CC.AA. de Madrid aprobó en marzo de
2017.
Ciudadanos insiste en garantizar una Ley
de Cuidados Paliativos argumentando que las personas no tienen que elegir entre
el suicidio y el horror y si desconocemos que derechos garantizados tenemos al
final de la vida, no sabremos cual debe ser la postura sobre la eutanasia. Solo
decir que el suicidio no está penado, forma parte de la libertad del individuo
y que el horror es seguir viviendo bajo un elevado índice de sufrimiento.
La OMC se ampara en su Código Deontológico
(Art. 5 apartado 1 y Art. 36 apartado 1, 3 y 5), a pesar de reconocer que se
pueden aplicar las medidas encaminadas a facilitar el bienestar, incluso, si
estas acortan la vida, aceptando la sedación en la agonía y ante un síntoma
refractario. Otros argumentos que esgrime:
-
Se hace demasiado para retrasar la muerte y
demasiado poco, y tarde, para aliviar el sufrimiento.
-
Sesenta mil personas se mueren al año en España
con dolor; legalizar una forma de acabar con ellos es una indecencia.
-
La sedación paliativa es un tratamiento médico.
Es lo último que podemos hacer por el paciente y no se puede confundir con la
eutanasia.
-
La eutanasia no es un problema médico y va en
contra de ser médico.
-
El resultado de las encuestas depende de cómo se
hagan las preguntas. Con unos buenos cuidados paliativos no se pide la
eutanasia.
-
La sociedad y la medicina pueden ofrecer algo
más que anticipar la muerte.
Los médicos no evitamos la muerte
y si debemos aliviar el sufrimiento, que como bien dice el referido Código, con
medidas que pueden acortar la vida. ¿No es una contradicción con el último
punto argumental?. El dolor puede ser un síntoma refractario, ¿es una
indecencia aplicar una sedación terminal?. La eutanasia si es un problema médico
al no constituir una excepción su planteamiento, y el error es carecer de una
regulación en su aplicación.
La SECPAL insiste en los aspectos
deficitarios que todavía tiene el desarrollo de los CP en España como una
alternativa a la eutanasia. Está claro que esto hay que hacerlo, pero no
resuelve ni alivia el sufrimiento que caracteriza a casos como el de Ramón San
Pedro, Luís Marcos, Inmaculada Echevarria o Andrea Lago y el de otras persona
afectas de esclerosis lateral amiotrófica que han aparecido en los medios de
comunicación. ¿El sufrimiento de estas personas, no es un síntoma refractario?.
Bajo un punto de vista jurídico, Javier Pérez
Royo dice que “no hay
ningún argumento contra el reconocimiento de la vertiente negativa del derecho
a la vida, es decir, del derecho a la propia muerte. Todo lo contrario. El
derecho a la vida entra dentro del círculo de la libertad personal y no hay, en
principio, ninguna razón para negar a un individuo el derecho a poner fin a su
vida”. J.L. Beltran Aguirre opina que la negativa a la eutanasia se
cimenta en la ética propia de la tradición cristiana y no es
constitucionalmente aceptable comprometer la laicidad del Estado, que según el
Tribunal Constitucional ha de ser entendida, además de como posición neutral,
como actitud positiva frente al fenómeno religioso.
Efectivamente, la imposición de una moral y ética cristiana,
es la razón fundamental que aunque no se diga, esta detrás de las posiciones de
determinados sectores.
Si analizamos desde un punto de vista ético el debate aplicando
los consabidos principios, tampoco se sostiene la negativa a su legalización.
Déjese hacer al legislativo y quien quiera someterse a ella
si reúne los requisitos previstos en la Ley, lo solicite. Será un alivio para
muchos profesionales sanitarios y, también, para muchas personas. Quien no
quiera someterse a la participación en su práctica, puede ejercer la objeción
de conciencia.
Por favor, no me nieguen a morir cuando y como yo quiera,
porque esto si es un atentado contra mi dignidad en particular, y en general,
contra las de las personas.
Juan Antonio Salcedo Mata
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