Los profesionales sanitarios empatizan con el sufrimiento de los pacientes a los que atienden e intentan reducir sus males con dedicación y esfuerzo, en muchas ocasiones más allá de lo exigible laboralmente. El principio de la beneficiencia es un principio que domina en muchos actos en el ámbito sanitario.
En esta ocasión lo podemos ver claramente en la actuación del cirujano que gratuitamente ha intervenido a esta paciente.
Pero como casi siempre en el ámbito sanitario nos asaltan preguntas y dudas. ¿Con estas actuaciones no estaremos generando un sistema sanitario dual? ¿Un sistema para los que pueden pagar y otro para los que no tienen ingresos?
Un sistema público de cobertura universal es viable por esa dimensión universal, muchos lo sostienen y sólo lo utilizan los que lo necesitan. Si comenzamos a romper ese principio podemos estar avanzando hacia una pendiente resbaladiza que nos podría llevar a tener dos sistemas de salud claramente diferentes.
En una primera fase, el criterio económico se contrapone al criterio de gravedad clínica para priorizar las intervenciones sanitarias. En resumen, ya no intervenimos antes a los pacientes con mayor gravedad sino a los que pueden alquilar el quirófano. En una segunda fase podemos avanzar en la selección de pacientes, los pacientes con nivel económico y mejor si son sanos se pueden ir pasando a aseguradoras privadas; el sistema público dejará de tener cobertura universal y dará la prestación a aquellos grupos de población que no pueden asumir el coste. En esta fase podría entrar en el debate el principio de autonomía, los ciudadanos desean escoger si prefieren que la cobertura sanitaria se la preste el estado o otra entidad, desearán que se descuente de los impuestos lo que ahora va a cubrir el sistema público y subscribirán seguros privados; los cuales probablemente oferten prestaciones con mayor confortabilidad, mejores servicios hosteleros y porque no profesionales de reconocido prestigio, incluso fuera de nuestro país.
En la tercera fase se produciría una competencia por los profesionales más cualificados entre el sistema privado y el sistema público (donde ahora se encuentra la mayoría), el sistema privado tendrá capacidad económica para intentar contratar a profesionales de renombre y de calidad, que utilizará para captar a aseguradoras y usuarios. Esto irá provocando una descapitalización del sistema público, donde quedarán profesionales durante su período formativo.
Al final del proceso nos podríamos encontrar un sistema público con profesionales en formación para atender a las personas con bajos recursos o cuyos procesos no son cubiertos por el ámbito privado (por el excesivo coste) y un sistema de aseguramiento privado con usuarios sanos y con recursos económicos altos y los mejores profesionales. Un riesgo de esta dualidad es la cobertura a la clase media, tiene recursos suficientes para no ser cubierto por el sistema público, pero no los necesarios para tener una adecuada cobertura sanitaria privada, dejando fuera de la cobertura muchos procesos graves y costosos que cuando se producen pueden llevar la ruina a una familia.
El sistema sanitario de cobertura universal y pública es uno de las más poderosas herramientas para la lucha contra la desigualdad social.
La crisis económica puede tener un efecto cegador. A la existencia de bolsas de ineficiencia en el ámbito público se une la imperante necesidad de elegir y consumir que tiene nuestra sociedad y a que el individualismo prima frente a la solidaridad, para encontrar en la progresiva privatización del sistema la salida a problemas de gestión que pueden ser abordados con otras herramientas que incrementen la eficiencia y calidad del sistema.
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